En un intento de negocio audaz pero fallido, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se vio envuelto en una polémica operación de venta de vacunas en Costa de Marfil. Durante una visita exploratoria al país, se le presentó la oportunidad de vender dosis de AstraZeneca a un precio exorbitantemente inflado de 16,9 dólares por unidad, lo que habría resultado en más de dos millones de euros en comisiones para él y su socio. Sin embargo, el gobierno marfileño descartó la propuesta debido al alto precio, frustrando el acuerdo.
Para simular gastos inexistentes derivados de este negocio, González Amador presentó una factura falsa de 922.585 euros a la Agencia Tributaria, un acto que fue descubierto y detallado en un informe que sirvió de base para una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid. La factura era parte de una serie de documentos fraudulentos utilizados en un intento de evasión fiscal.
La trama se desarrolló entre febrero y julio de 2021, involucrando múltiples empresas y complicadas negociaciones con el objetivo de adquirir y vender millones de dosis de vacunas a Costa de Marfil. A pesar de los esfuerzos y las estrategias desplegadas, incluida la presentación a una licitación gubernamental, el negocio no prosperó. La situación se complicó aún más cuando se reveló que las facturas presentadas a Hacienda eran parte de un “patrón organizado” para evitar la tributación correspondiente.
Este caso no solo subraya las dificultades y los riesgos éticos asociados a los negocios en tiempos de crisis sanitaria, sino también las consecuencias legales y fiscales de intentar eludir las responsabilidades tributarias mediante documentación fraudulenta. El escándalo, ampliamente cubierto por medios como elDiario.es, pone de relieve la importancia de la integridad y transparencia en las operaciones comerciales, especialmente aquellas relacionadas con la salud pública.
Imagen: elDiario.es
