El Gobierno chino advierte a las firmas inmobiliarias insolventes que deberán reestructurarse o declararse en quiebra. Se plantea un ‘nuevo modelo’ inmobiliario con mayor intervención estatal. Se busca aumentar la proporción de viviendas impulsadas por el Estado y ponerlas en alquiler o venta a precios asequibles. El plan podría costar hasta 280.000 millones de dólares anuales durante los próximos cinco años. El Gobierno también busca convertir propiedades privadas en viviendas públicas asequibles. La crisis inmobiliaria en China amenaza con extender sus consecuencias más allá del país.
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