La ley de amnistía está cada vez más cerca de ser publicada en el BOE, pero su aplicación no será inmediata. El Congreso aprobó las modificaciones pactadas por PSOE, ERC y Junts, y ahora la norma tiene por delante algo más de dos meses para terminar su tramitación parlamentaria. Una vez el texto esté en vigor, los tribunales tienen la capacidad de retrasar su aplicación si dudan de su compatibilidad con la Constitución o el derecho europeo. El jueves que viene, el Congreso dará luz verde al texto, que luego pasará al Senado. En el Senado, el PP podrá agotar el plazo máximo de dos meses para retener el texto. Después, el Senado no podrá bloquear la tramitación y el PP forzará que el texto vuelva al Congreso. Finalmente, la ley de amnistía quedará aprobada a finales de mayo. Una vez aprobada, el Poder Judicial será quien aplique la norma cuando lo considere procedente. Sin embargo, existen posibilidades de que la amnistía se paralice o no se aplique finalmente si un juez considera que entra en conflicto con la Constitución o el derecho europeo. En esos casos, se presentarían cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La ley de amnistía ha sido modificada para asegurar su armonía con el derecho y los estándares europeos, y no amnistiará actos que puedan ser calificados como terrorismo o que hayan causado graves violaciones de Derechos Humanos. Además, la norma se basa en las directrices de la Comisión de Venecia. En caso de que la ley sea recurrida, la propia norma establece que las medidas cautelares deberán ser levantadas de forma inmediata.
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