El Tribunal Constitucional ha considerado contraria a la Carta Magna la reforma del Impuesto de Sociedades aprobada por Cristóbal Montoro en 2016. Esto podría llevar a una devolución fiscal millonaria a las grandes empresas y una caída en la recaudación esperada. Hacienda trabaja en valorar el impacto de esta decisión, que podría implicar compensaciones a las empresas por cantidades que se cuentan en décimas del PIB. El timing de la resolución ha impedido a Hacienda restaurar las medidas anuladas, ya que sería retroactivo. El Ministerio tendría que esperar hasta 2024 para hacerlo, si así lo decide. La reforma introdujo cambios técnicos pero con un impacto relevante en los impuestos de las empresas. Algunas estimaciones indican que incrementó los pagos de las empresas a Hacienda en cerca de 4.500 millones de euros anuales. El Gobierno podría querer mantener estas medidas, pero su restauración abriría un frente judicial.
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