La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, busca implementar la primera regulación autonómica para VTC en respuesta al fin del Decreto Ábalos. Aunque el proyecto aún está en borrador, se espera que incluya limitaciones en los precios durante eventos multitudinarios y nuevas obligaciones para las empresas de VTC, como la disponibilidad de un número de atención al cliente y viajes compartidos. Sin embargo, estas restricciones no han frenado la especulación en las licencias VTC, que han vuelto a superar los 100.000 euros. Los intermediarios están aprovechando esta tendencia alcista para obtener beneficios, recibiendo hasta 2.000 euros por cada licencia transferida. Actualmente, en Madrid hay 8.933 autorizaciones de VTC frente a las 14.924 licencias de taxi activas. A pesar de la demanda creciente, algunos conductores afirman que necesitan facturar al menos 6.000 euros para obtener un salario de 2.000 euros. La facilidad de acceso a estos vehículos ha llevado a empresas como Cabify y Uber a intensificar sus campañas para encontrar conductores. La batalla legal en los últimos años ha llevado a cambios constantes en las regulaciones, lo que ha hecho que el famoso ratio 1:30, que exigía una licencia VTC por cada 30 licencias de taxi, se haya desestabilizado. La justicia europea también ha intervenido, declarando que esta limitación es contraria al derecho europeo.
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