El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo han cuestionado las decisiones del Gobierno en relación a los nombramientos del fiscal general del Estado y la presidenta del Consejo de Estado. El CGPJ ha concluido que el fiscal general no es idóneo para el cargo, mientras que el Supremo ha anulado el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado por no ser una jurista de reconocido prestigio. Estas decisiones profundizan la crisis entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. El Partido Popular ha pedido al Gobierno que acepte el veredicto de la Justicia y no mantenga en sus cargos a los nombrados.
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